El Fiscal de Estado

(Antecedentes de la Institución y su régimen jurídico en la Provincia de Buenos Aires)

por el Dr. Carlos R. Tribiño

Sumario

  1. Nociones introductorias
  2. Antecedentes Históricos
  3. La Convención Constituyente de 1882.1889
  4. Evolución legislativa
  5. Funciones del Fiscal de Estado
  6. Reflexiones finales

Diversos autores coinciden en señalar que el origen de la institución en examen se encuentra en el Ministerio Fiscal (8), Santa Cruz, José M., El Fiscal de Estado. La Institución. Antecedentes. Legislación. Jurisprudencia, Laboremus, año 1951, p.18; Alconada Aramburú, Carlos R.S., ob. Cit., p.839 debiendo tenerse que tradicionalmente ha sido una de las funciones de este último la defensa en juicio de los intereses patrimoniales del Estado (9). Los antecedentes históricos del Ministerio Fiscal han sido objeto de estudios especializados (10), cuyo análisis en detalle excedería el marco del presente trabajo. Nos limitaremos a referir que en el derecho romano se conocía la existencia de los denominados abogados del Fisco, encargados de proteger los intereses de este último ante los magistrados judiciales. Asimismo, es oportuno recordar que en la legislación colonial española se encuentran numerosas disposiciones que se refieren a los fiscales, entre cuyas atribuciones figuraba la defensa de los asuntos relativos al Fisco y al patrimonio real (11), siendo dable apuntar que en todos esos casos la defensa judicial de los intereses fiscales constituía sólo un aspecto de las diversas funciones de aquéllos. En cuanto al período posterior a la Revolución de Mayo de 1810, se encuentran antecedentes del Ministerio Fiscal tanto en el reglamento del año 1813(art. 19), como en el posterior reglamento de 1817 (sección IV, arts. 1° y 7°). Y en el año 1829, por decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires de fecha 27 de enero, se divide el Ministerio Público de la Cámara estableciéndose que éste contará con dos fiscales, uno civil y otro del crimen , y que al primero le corresponderían –entre otras – “las funciones de abogado del Gobierno en todos los casos de cualquier naturaleza que ellos sean”(12).

Como antecedente más inmediato del Fiscal de Estado bonaerense, debe señalarse que en el año 1854, cuando la Provincia se separa de la Confederación y se organiza como Estado independiente, se dicta la ley 49- de presupuesto para el año 1855- en la que se prevén, entre otros cargos, los de Fiscal y Asesor General de Gobierno, que fueron cubiertos por el Poder Ejecutivo a través del decreto de fecha 28 de diciembre de 1854, asignándose en él las funciones de “Fiscal de Gobierno” al entonces “Fiscal General del Estado”, si bien no se especificaron suficientemente en dicho acto las atribuciones de ese funcionario.

Con posterioridad, la ley provincial 482 (promulgada en enero 11-1867) le confiere al Fiscal General de Gobierno competencia para entender en las cuestiones relativas a la distribución y venta de tierras públicas, a través de sus arts. 5° y 6°; y similares disposiciones se reiteran en los arts.6° y7° de la ulterior ley 709,(promulgada en agosto 15-1871).

Sobre la base de lo instituido en tales leyes locales, el Fiscal General de Gobierno deduce algunos años después una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (13), impugnando una decisión del Poder Ejecutivo relativa al otorgamiento de tierras públicas a favor de un particular, lo que dio origen a un fallo de aquel Alto Tribunal de fecha setiembre 28 de 1878 (14). Debe destacarse la singular importancia de este pronunciamiento judicial, puesto que marca el nacimiento de la institución en análisis en el ámbito provincial con las características que presenta en la actualidad. Y conforme se verá a continuación , a raíz de esta decisión y de los acontecimientos que le sucedieron, se llegó a establecer la magistratura a nivel constitucional.

La referida causa judicial fue promovida contra un decreto del gobernador provincial que acordó a un particular la venta directa de un inmueble fiscal, contrariando el criterio expuesto por el Fiscal General de Gobierno en las actuaciones administrativas, quien sostuvo que la venta del bien debía efectuarse en remate público , por así disponerlo la ley de noviembre 15 de 1876. La Suprema Corte se planteó, como primera cuestión a resolver, si aquel funcionario estaba “investido de personería legítima para promover la acción contra la resolución del Poder Ejecutivo”, llegando a una conclusión afirmativa sobre el punto. Tras reseñar prolijamente los antecedentes históricos relativos al Ministerio Fiscal y al Fiscal de Gobierno, sostuvo el Tribunal –a través de un enjundioso voto del doctor ALEJO B. GONZÁLEZ, al que adhirieron los demás integrantes del cuerpo- que aquel funcionario no era un simple consejero de Poder Ejecutivo, sino también un defensor en juicio de los intereses del Estado; y que en tal carácter tenía facultad para instaurar demanda contra dicho Poder, cuando juzgase que la resolución de éste fuera contraria aquellos intereses (15), asimismo, la Corte decidió a continuación que ella era competente para conocer en este tipo de demandas, desde que el Fiscal General de Gobierno como representante del Estado, debe considerarse como “parte interesada”, comprendida en los términos generales del art.156 de la Constitución de 1873, puntualizando que en estos casos la acción queda preparada con la denegación de los derechos que el Fiscal ha sostenido en sede administrativa.

Resulta de interés destacar que la demanda de referencia prosperó en su aspecto sustancial, pues el Alto Tribunal acogió la pretensión del Fiscal de Gobierno, al resolver que el Poder Ejecutivo , en virtud de equidad o razones de conveniencia para el Fisco, no puede separarse de los preceptos contenidos en la ley, vendiendo privadamente las tierras que ésta manda enajenar en remate público.

Este fallo tuvo una repercusión notable en el ámbito gubernamental, a punto tal que como consecuencia de él –y a instancia del doctor LUIS A. VARELA- se suprieme en la ley de presupuesto para el año 1879 el cargo de Fiscal General de Gobierno; previéndose solo un cargo de Asesor de Gobierno. El propio VARELA refire el episodio en el capítulo IV de la Introducción al proyecto de contenciosoadministrativo que elaborara para la provincia de Buenos Aires. Allí dice que: “no obstante el alto respeto que he profesado siempre a los tribunales superiores de justicia, el fallo de la Corte no me convenció. Lo encontré poco fundado y hasta incongruente, proponiéndome destruirlo por su base con un acto trascendental. El fallo se dictó en setiembre de 18878 .,en momentos en que la Legislatura de la Provincia se preparaba a discutir el presupuesto de gastos para 1879. Al llegar a la partida en que señalaba el sueldo al Fiscal de Gobierno yo, que era entonces diputado, referí a la Cámara la interpretación dada por la Suprema Corte a las atribuciones de aquel funcionario, a quien colocaba arriba del gobernador en la administración de la cosa pública, y pedí se suprimiese del presupuesto aquel empleado, a fin de hacer desaparecer el peligro que el fallo de la Corte Suprema entrañaba”. Concluye VARELA señalando lo siguiente: “parece que la opinión de las dos Cámaras de la Legislatura coincidía con la mía, pues el Fiscal de Gobierno, cuyo título bastaba para determinar el carácter de sus funciones”(16).

REFERENCIAS:

(8) Santa Cruz, José M. El Fiscal de Estado. La Institución. Antecedentes. Legislación. Jurisprudencia, Laboremus, año 1951, p. 18; Alconada Aramburú, Carlos R. S. ob. cit., p. 839.

(9) Malaver, Antonio E., Curso de Procedimiento Judiciales en Materia Civil y Mercantil, Buenos Aires, 1875, t I, cap. I; Alsina, Hugo, Tratado 2° ed., t. II, ps. 334 a 339; Velez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, 2° ed., t. I, parte 2°, cap. III.

(10) Merece destacarse muy especialmente el trabajo efectuado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que lleva como título El Ministerio Público en la Provincia de Buenos Aires (editado en el año 1975).

(11) una mención detallada de las normas respectivas se encuentra expuesta en el voto emitido por ALEJO B. GONZÁLEZ, en su carácter de juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires , en la causa que aparece registrada en AS, serie 1°, t VIII, p. 5 y siguientes.

(12) ver el trabajo citado en la nota 10, p. 18.

(13) debe destacarse que dicho órgano judicial tenía competencia para entender en ese tipo de causas, pues la Constitución del año 1873 establecía que la Suprema Corte debía “decidir las causas contenciosoadministrativas, en única instancia y en juicio pleno” (art. 156, inc.3°)

(14) causa DXVIII promovida “por el Fiscal de Gobierno contra el Poder Ejecutivo de la Provincia , sobre nulidad de la venta de un campo en el partido de Ayacucho, efectuada por el segundo a favor de José Faggioni” (AS, serie1°,t. VIII, p. 5)

(15) entre otras importantes argumentaciones que contiene el pronunciamiento referido, merece destacarse lo siguiente: “y en verdad que sería inexplicable que el interés de la comunidad no gozase, cuando menos, de la misma protección, de la misma amplitud en sus medios de defensa que el interés privado”. En otra parte del fallo se añade que: “..es en estos casos, que tocan el patrimonio y hacienda publica , en cuanto son gestionados por particulares, que el Fiscal deEstado asume una personería indisputable”. Asimismo, se expresa en similar sentido: ¿qué razón habría para arrebatar al representante del Estado aquella garantía constitucional? ¿Por qué el interés público debería quedar subordinado a una única voluntad, privándole del verdadero juicio que la Constitución ha instituido?.